Unidad Informativa

CRISTIAN CARREÑO CONTINÚA EJERCIENDO EL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL DE PIURA

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que Edwin Cristian Carreño Yarlequé continúa ejerciendo el cargo de regidor provincial de Piura, al declarar la nulidad de los acuerdos municipales emitidos en el marco del procedimiento de vacancia en su contra, seguido por presunta inconcurrencia injustificada a sesiones de concejo. La decisión está contenida en la Resolución N.° 0750-2025-JNE, emitida el 11 de diciembre de 2025.

En su pronunciamiento, el máximo órgano electoral no declaró la vacancia del regidor, sino que advirtió una errónea interpretación de la causal aplicada y la falta de elementos esenciales, como las notificaciones válidas de las sesiones cuestionadas. Por ello, el JNE declaró nulos los Acuerdos de Concejo N.° 153-2024-C/CPP y N.° 170-2024-C/CPP, precisando que no se acreditaron correctamente los supuestos exigidos por la Ley Orgánica de Municipalidades para configurar la causal invocada.

Finalmente, el JNE dispuso devolver los actuados al Concejo Provincial de Piura para que emita un nuevo pronunciamiento, siempre que cuente con la documentación completa exigida por ley. Mientras ello ocurra, Carreño mantiene plenamente su condición de regidor provincial, al no existir una resolución firme que declare su vacancia en el cargo.

GOBERNADOR LUIS NEYRA CONTINÚA SIN SANCIONAR A FUNCIONARIOS POR IRREGULARIDADES EN BATIMETRÍA DEL RESERVORIO POECHOS

La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del Proyecto Especial Chira Piura, detectó presuntas irregularidades en la contratación de la ejecución y supervisión del servicio de levantamiento topográfico batimétrico para determinar la capacidad actual de almacenamiento del reservorio Poechos. Pese a la gravedad de los hallazgos, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, no ha tomado ninguna medida para sancionar a los responsables, generando sospechas de posibles favores políticos.

El Informe de Control Específico N.° 006-2023-2-0612-SCE, que abarca el periodo del 8 de marzo de 2023 al 24 de enero de 2025, comprende seis tomos y 3,281 folios. En sus conclusiones, la Contraloría recomienda iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los funcionarios y servidores públicos involucrados, conforme a la individualización señalada en el Apéndice N.° 1 del documento.

Asimismo, se dispuso remitir el informe al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y al Procurador de la Contraloría General de la República, a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes por las irregularidades encontradas. A pesar de ello, hasta la fecha no se han impuesto sanciones, manteniéndose las investigaciones y acciones legales en curso, mientras el uso indebido de los recursos públicos continúa afectando el presupuesto estatal.

El informe advierte que estas contrataciones irregulares atentan contra los principios de transparencia, eficiencia y legalidad en el manejo de recursos públicos destinados a un estudio fundamental para la gestión hídrica del reservorio Poechos, infraestructura clave para la región Piura.

La notificación del informe fue realizada formalmente al gerente general del Proyecto Especial Chira Piura, Luis Enrique Pretell Romero, quien debió informar sobre las acciones correctivas y disciplinarias adoptadas respecto a los involucrados. Sin embargo, hasta ahora no se ha evidenciado un avance efectivo, pese a que las recomendaciones son claras.

Cabe destacar que el propio gobernador regional, Luis Neyra León, tiene pleno conocimiento del contenido de este informe y de las irregularidades señaladas, pero hasta el momento no ha movido un solo dedo para sancionar a los responsables. Esta falta de acción levanta serias dudas sobre su verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción, dejando entrever que podría estar protegiendo intereses o pagando favores políticos.

El jefe de la comisión encargada del control, Elmer Macalupu Sandoval, enfatizó que el objetivo de estas acciones de control es proteger los intereses del Estado, detectar riesgos y fortalecer la gestión pública. No obstante, sin decisiones firmes desde el más alto nivel del Gobierno Regional, los esfuerzos de fiscalización se ven debilitados.

La ciudadanía espera que las autoridades actúen con firmeza y responsabilidad, evitando que la impunidad siga afectando los recursos y el futuro de Piura.