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Atención funcionario público

🔴¿Eres funcionario público y autorizaste gastos que estaban prohibidos por medidas de austeridad establecidas en leyes presupuestales, y por eso te abrieron un procedimiento disciplinario y te han demandado por daños y perjuicios? Esta sentencia te puede ser muy útil, pues se archiva el procedimiento disciplinario y se declara infundada la demanda por indemnización de daños y perjuicios.
✅La imputación fue que algunos funcionarios públicos habrían permitido gastos por el "día de la secretaria", "día del padre", "día del pisco", etc., y que estos gastos habrían contravenido las leyes presupuestales. Por ende, se les demandó para que paguen la suma de S/ 764,339.14; sin embargo, la Corte Suprema sostiene que no basta la contravención de normas (antijuridicidad), sino que también tiene que haber el ánimo de producir daño, por lo que se declaró infundada la demanda.
🔴¿Quieres saber si tu caso aplica para este precedente? No pongas en riesgo tu carrera en la administración pública, realizados un diagnóstico de tu proceso para saber si aplica esta jurisprudencia a tu favor.
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Caso Susana Villaran sera archivado.

🔴 , Casación N° 3734-2024. Recibir dinero de Odebrecht para una campaña política NO es delito de lavado de activos.

1️⃣ La Corte Suprema declaró fundada la excepción de improcedencia de acción por atipicidad objetiva, por mayoría: 4 votos a favor (inicialmente San Martín Castro y Campos Barrenzuela y, tras las diremencias, se sumaron Luján Tupez y Báscones Gómez Velásquez) y 3 en contra (Altabás Kajatt, Peña Farfán y Maita Dorregaray).

2️⃣ Según la Fiscalía, a inicios de 2011 Jorge Barata (Odebrecht) entregó US$300.000 a Susana de la Puente, en partes y violando la legislación electoral, para ser destinados a la campaña presidencial de ese año (la primera vuelta fue el 10.4.11 y la segunda el 5.6.11), suma que ella depositó en su cuenta del JP Morgan y luego transfirió a la cuenta en el Scotiabank de Teresa de Jesús Canova Sarango, quien dirigía el área de administración y contable de la organización política “Alianza para el Gran Cambio”, en dos ocasiones: el 22.2.11 (US$100.000) y el 1.3.11 (US$250.000).

3️⃣ Conforme a la legislación penal vigente en 2011, la Ley N° 27765 modificada por el D. Leg. N° 986, el delito de lavado de activos, tanto en las modalidades de conversión o transferencia (art. 1), como de ocultamiento y tenencia (art. 2), incluía un elemento objetivo muy claro: la conducta del autor de lavar "dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir" tenía además que dificultar, objetivamente, "la identificación de su origen, su incautación o decomiso". Para la Corte Suprema, los actos de Susana de La Puente no lograron, objetivamente, dificultar que se identifique el origen, la incautación o decomiso, todo lo recibido se usó en la campaña política de 2011, valiéndose incluso del sistema financiero que dejó trazabilidad plena sobre los propias operaciones.

4️⃣ Con ello, la Corte Suprema, concuerda con el precedente del caso Cócteles/Keiko Fujimori del Tribunal Constitucional: los aportes de campaña no son actos de lavado de activos, por más que la entrega y recepción del dinero sea sospechosa (en efectivo, de modo oculto, a escondidas). Una tesis que vengo defendiendo desde 2017 en múltiples publicaciones, conferencias y entrevistas. Los hechos pueden tener la sintomatología de lavado, las banderas rojas pueden ondear, pero sólo hay lavado si la Fiscalía prueba que el origen del dinero es delictivo, que dicho origen era conocido o cognoscible por los autores y, ya en el caso concreto debido a la legislación de 2011, que los presuntos lavadores materialicen ese resultado típico; dificultar, al menos temporalmente, la identificación del origen, la incautación o decomiso del dinero.

📌 La resolución completa: https://www.linkedin.com/posts/carloscarocoria_caso-susana-de-la-puente-wiese-activity-7412132405718851585-Nci6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAsLL5EBRRvbRaWZ8gIWGN3DUXSLtBhe85o