Abg. Pablo Celi

Abg. Pablo Celi

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28/08/2025

Tengo mucho respeto por el criterio jurídico de otros profesionales. Pero para el presente caso, en mi libertad de expresión, tengo la idea de que, la vía constitucional no es la más adecuada.

Voy a hacer un análisis al respecto:

1. Naturaleza de la medida cautelar constitucional:

Las medidas cautelares constitucionales en Ecuador (art. 87 CRE y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional) tienen carácter extraordinario y su finalidad es prevenir o cesar violaciones de derechos constitucionales.

Se conceden contra:
- actos u omisiones de autoridades públicas, y
- excepcionalmente contra particulares cuando ejercen funciones públicas o cuando su conducta afecta graves derechos colectivos o fundamentales (salud, medioambiente, igualdad, etc.).

2. ¿Puede presentarse contra la Junta General de Accionistas de un banco?

Aquí está el n**o:
-Una convocatoria a Junta General de Accionistas es un acto societario de carácter privado, propio de la dinámica interna de una sociedad anónima (en este caso, de naturaleza bancaria).
-No es un acto administrativo ni de autoridad pública.
-Tampoco se encuadra como actuación de particular que ejerza función pública, porque las juntas de accionistas no cumplen funciones estatales, sino que se limitan a la autogestión societaria.

Resultado: en principio, no es procedente acudir a medidas cautelares constitucionales para frenar una junta de accionistas.

3. ¿Qué sí se podría alegar?

La única vía constitucional imaginable sería:
-Alegar que la convocatoria vulnera derechos fundamentales de participación accionaria (ej. exclusión de minoritarios, convocatoria deficiente que impide el derecho a ser informado y a votar).
-Alegar violación de derecho a la seguridad jurídica si se pretende desconocer el estatuto y convocar con reglas contrarias a la Ley de Compañías.

Aun así, la vía natural no es la cautelar constitucional, sino:
-Impugnación societaria (acción ordinaria en vía civil mercantil).
-Medidas cautelares civiles para suspender los efectos de la convocatoria o de la junta.

4. Perspectiva bancaria y regulatoria

En materia bancaria, hay además un control de legalidad reforzado:
-La Superintendencia de Bancos debe revisar cualquier modificación estatutaria o proyecto de fusión.
-Si se vulneran los estatutos o la Ley de Compañías, los accionistas minoritarios pueden oponerse formalmente en sede administrativa e incluso llevar la disputa al contencioso administrativo.

Esto significa que hay filtros institucionales mucho más sólidos y propios que un amparo constitucional.

29/07/2025

Defensa eficaz en casos de en Ecuador: enfoque técnico, probatorio y estratégico

La defensa de un caso de lavado de activos requiere algo más que réplica procesal: demanda control de la teoría del delito, manejo quirúrgico de la prueba y narrativa jurídica contundente. Quiero compartir, lo que mi experiencia en estos juicios me ha dejado:

Clave 1: Teoría del delito solvente
Construye desde la premisa: ¿cuál es el delito precedente? ¿Existe disposición subjetiva ilícita? Una narrativa coherente desde la génesis del flujo permite contrarrestar presunciones fiscales desde dentro del caso. Esto es lo que más me ha servido porque me ha enseñado que, en juicio de lavado de activos, se debe defender el delito por el que supuestamente se obtuvo el dinero de forma ilícita, así como el desvirtuarse la delincuencia organizada, esto es un eje fundamental.

Clave 2: Prueba documental y peritaje estratégico.-
No basta aceptarle al Ministerio Público el análisis financiero. Requiere contraperitajes sólidos, trazabilidad de cada flujo y verificación de cadena de custodia para neutralizar pruebas ilegales. Es por eso que una correcta defensa hasta antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es fundamental, porque la trazabilidad, y contraperitajes, es el éxito de estos casos para poder pelear el delito por el que se obtuvieron supuestamente los fondos ilícitos.

Clave 3: Control narrativo frente al tribunal.-
La Fiscalía suele insinuar que “el volumen es indicio”. Tú debes demostrar que el volumen, respaldado por contratos, actividades empresariales legítimas o informes técnicos, no implica ilicitud. Por eso, no solo basta con el punto anterior, de crear pruebas, sino, saberlas practicar, su orden, su juego y estructura.

Clave 4: Exclusión de pruebas ilegales.-
Nulidad en interceptaciones, allanamientos o cooperación internacional defectuosa puede invalidar la mayor parte del expediente. Revisa cada prueba con lupa y plantea exclusiones desde la fase preparatoria. Esto es algo que me ha ayudado mucho y, otras veces cuando he intervenido desde el juicio, da pena que se pudo hacer mucho, como desvirtuar pruebas obtenidas de forma ilegal pero no se peleó aquello.

La defensa penal moderna es un ejercicio estratégico, técnico y orientado a resultados.

26/11/2024

El Deepfake en el Proceso Penal y su Implicación en el Peritaje

El avance de la tecnología ha traído consigo innovaciones sorprendentes, pero también desafíos significativos en el ámbito legal y penal. Uno de estos desafíos es el fenómeno del deepfake, una técnica que utiliza inteligencia artificial para crear contenido audiovisual falso que puede parecer auténtico. Este ensayo examina cómo el deepfake afecta el proceso penal, centrándose en el peritaje, la preparación de la fiscalía, los nuevos estándares de valoración probatoria y las acciones que debe tomar la fiscalía en este contexto.

El Peritaje en el Contexto del Deepfake:
El peritaje es una herramienta fundamental en el proceso penal, ya que proporciona evidencia técnica que puede ser crucial para determinar la veracidad de un contenido. En el caso de los deepfakes, el peritaje debe incluir:

Análisis técnico: Los peritos deben utilizar herramientas especializadas para detectar alteraciones en el contenido. Esto incluye el análisis de la calidad del video, la sincronización de audio y video, y la identificación de patrones que indiquen manipulación.

Expertos multidisciplinarios: Es necesario contar con un equipo de expertos en diversas áreas, como la informática forense, la psicología y la criminología, para abordar la complejidad de los deepfakes y su impacto en la percepción pública.

Metodología rigurosa: Los peritos deben seguir protocolos estandarizados para garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados, asegurando que sus hallazgos sean aceptados en un tribunal.

Preparación de la Fiscalía
Para enfrentar los desafíos que presenta el deepfake, la fiscalía debe estar adecuadamente preparada:

Capacitación continua: Los fiscales deben recibir formación en nuevas tecnologías y en la identificación de deepfakes. Esto incluye comprender cómo se crean y utilizan, así como las implicaciones legales que conllevan.

Colaboración con expertos: La fiscalía debe establecer alianzas con expertos en tecnología y derecho digital para asesorar en casos que involucren deepfakes. Esta colaboración puede incluir la creación de un equipo de respuesta rápida ante incidentes relacionados con esta tecnología.

Desarrollo de protocolos: La fiscalía debe desarrollar protocolos claros sobre cómo manejar casos que involucren deepfakes, desde la recopilación de evidencia hasta la presentación en juicio.

Nuevos Estándares de Valoración Probatoria
La aparición de deepfakes ha llevado a la necesidad de revisar los estándares de valoración probatoria en el proceso penal:

Reevaluación de la evidencia audiovisual: La evidencia que antes se consideraba irrefutable ahora debe ser evaluada con mayor escepticismo. Los tribunales deben estar preparados para cuestionar la autenticidad de los videos y audios presentados como prueba.

Principio de duda razonable: En un contexto donde los deepfakes pueden manipular la realidad, es esencial que se mantenga el principio de duda razonable. La carga de la prueba debe recaer sobre quien presenta el contenido, que debe demostrar su autenticidad.

Normas de admisibilidad: Los tribunales deben establecer normas claras sobre la admisibilidad de la evidencia generada por deepfakes, considerando su potencial para engañar y manipular.

Acciones que Debe Tomar la Fiscalía
Ante la creciente amenaza de los deepfakes, la fiscalía debe adoptar medidas proactivas:

Legislación específica: La fiscalía debe abogar por la creación de leyes que regulen el uso de deepfakes, estableciendo sanciones para quienes los utilicen de manera maliciosa.

Campañas de concientización: Es fundamental que la fiscalía implemente campañas para educar al público sobre los riesgos asociados con los deepfakes y cómo identificarlos. Esto puede ayudar a prevenir el daño a la reputación de las personas y la desinformación.

Investigación y seguimiento: La fiscalía debe establecer unidades especializadas para investigar casos de deepfake, asegurando que se tomen en serio las denuncias y se actúe con rapidez.

El fenómeno del deepfake plantea desafíos significativos para el proceso penal, desde la necesidad de un peritaje riguroso hasta la preparación adecuada de la fiscalía. A medida que esta tecnología continúa evolucionando, es imperativo que el sistema legal se adapte y desarrolle nuevas estrategias para abordar su impacto. La formación, la colaboración con expertos y la implementación de estándares claros son pasos esenciales para garantizar que la justicia prevalezca en un mundo donde la realidad puede ser fácilmente manipulada. La fiscalía, como guardiana de la ley, debe estar a la vanguardia en la lucha contra el uso malicioso de los deepfakes, protegiendo así a la sociedad de sus consecuencias perjudiciales.

23/11/2024

Las empresas que deben traer los generadores sufren retrasos para la entrega. Austral debía entregar e instalar 48 generadores para producir 91 megavatios, pero informaron que tuvieron problemas para embarcar los generadores desde Líbano, y estarán readys para el 9 de enero. Lo mismo pasa con 29 de Progen, que empezarán a funcionar a inicio de enero de 2025.

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