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| Colombia atraviesa uno de los momentos políticos más tensos de las últimas décadas. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, acusó públicamente al mandatario saliente, Gustavo Petro, de intentar desconocer los resultados de las elecciones presidenciales y de promover acciones que, según él, pondrían en riesgo la transición democrática del país. Las denuncias llevaron a la suspensión del proceso de empalme entre ambos gobiernos y desataron un fuerte debate nacional.

En medio de la controversia, De la Espriella hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que actúen como garantes de la Constitución y no acaten eventuales órdenes que pudieran contravenir el orden institucional. Por su parte, Petro rechazó las acusaciones y aseguró que no ha impartido ninguna instrucción contraria a la ley, insistiendo en que seguirá ejerciendo sus funciones como comandante supremo de las Fuerzas Armadas hasta el final de su mandato.

La crisis ha encendido las alarmas dentro y fuera del país ante el temor de una escalada institucional. Aunque hasta ahora no existen pruebas de un intento de permanencia en el poder ni de una intervención militar para impedirlo, las acusaciones cruzadas y la incertidumbre sobre la transición han profundizado la polarización política y mantienen a Colombia en un clima de máxima tensión.

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De acuerdo con el Tigre @delaespriella_style, en un país donde muchos ciudadanos honestos enfrentan diariamente la amenaza de la delincuencia, el Estado no puede seguir desarmando al ciudadano de bien mientras los criminales actúan sin restricciones. El comerciante, el agricultor, el transportador y cualquier colombiano honesto debe tener el derecho legítimo de defender su vida, su familia y el fruto de su trabajo. Regularizar y permitir el porte legal de armas no es promover la violencia; es reconocer el derecho a la legítima defensa de quienes cumplen la ley y hoy están indefensos frente a quienes no la respetan.