Revista Progreso

OPINIÓN: Hablar de la contienda electoral de 2027 en Reynosa, en Tamaulipas y en México, no debería ser solamente un ejercicio de anticipación política. Debería ser, ante todo, un ejercicio profundo de reflexión pública. Porque la pregunta de fondo no es quién ganará la elección. La pregunta real es qué tipo de ciudad y de país queremos reconstruir.

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CASO YARRINGTON: Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, al determinar que el congelamiento aplicado desde 2019 fue inconstitucional.

La resolución fue emitida el 31 de marzo por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a cargo del juez Ulises Oswaldo Rivera González, quien concedió un amparo al exmandatario.

De acuerdo con el fallo, la UIF no acreditó que el bloqueo de cuentas estuviera sustentado en una solicitud de una autoridad extranjera u organismo internacional, requisito exigido por la jurisprudencia vigente al momento en que se aplicó la medida. El juzgador concluyó que el aseguramiento respondió a razones de carácter estrictamente nacional, lo que vulneró el principio de seguridad jurídica.

La sentencia ordena permitir el acceso a los recursos económicos asegurados, aunque limita sus efectos a las cuentas congeladas en 2019.

Pese a la resolución favorable en materia administrativa, la situación penal de Yarrington no se modifica. El exgobernador permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, donde enfrenta procesos por delincuencia organizada, presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, así como una causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita iniciada en 2025.

En enero de 2026, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento en su contra por narcotráfico, lo que implica la celebración de nuevas audiencias para la valoración de pruebas.

Yarrington fue deportado a México en abril de 2025 tras cumplir una sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero, luego de declararse culpable de recibir sobornos millonarios.

Las resoluciones recientes a su favor derivan de fallas técnicas en los procesos y no implican una absolución, por lo que el exmandatario continuará sujeto a los procedimientos judiciales en curso.

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CASO GEÑO: Ayer martes, personal oficial de el Tribunal de Disciplina Judicial procedentes de la Ciudad de México acudió a las instalaciones del PJF en Ciudad Victoria para realizar la entrega de la notificación que formalizó la suspensión de las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, adscritas al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito.

Tras recibir el documento que ordena la medida disciplinaria, ambas funcionarias abandonaron el edificio bajo el protocolo de escolta correspondiente.

De acuerdo con información trascendida disponible, la suspensión deriva de su actuación en la sesión del 7 de diciembre de 2025, donde se resolvió el juicio de amparo relativo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

Las magistradas Vega Camacho y Ávila Tovías votaron a favor de conceder la protección de la justicia federal al exmandatario, resultando en la cancelación de su proceso de extradición hacia los Estados Unidos, donde es requerido por presunto lavado de dinero y otros dos delitos.

Durante dicha sesión, el magistrado Guillermo Cuautle Vargas solicitó formalmente el aplazamiento del asunto para un análisis posterior. No obstante, las magistradas desestimaron la petición y procedieron con la votación y emisión inmediata de la resolución.

Cabe destacar que ambas magistradas asumieron sus funciones tras haber sido electas en el cuestionado proceso de votación judicial de junio de 2025, mecanismo implementado para la renovación de cargos dentro del Poder Judicial Federal.

El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene bajo reserva los detalles técnicos y el estado actual del procedimiento administrativo que sustenta esta suspensión.

*En los Estados Unidos de América, México y Tamaulipas, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.