Bere Romo

Es gravísimo que un servidor público pretenda amenazar a ciudadanos por manifestarse ante la falta de agua.
La gente no salió a bloquear vialidades por gusto, salió porque llevan meses sin ser escuchados, sin agua y sin soluciones reales.

Mientras desde el PAN se llenan la boca diciendo que la 4T “atenta contra la libre expresión”, aquí vemos quiénes son los verdaderos intolerantes a la crítica y a la protesta social.
Amenazar con cárcel a quienes exigen un derecho básico no es gobernar, es abusar del poder.

A Manuel Cortina parece olvidársele que es servidor público, no dueño del estado ni capataz de la ciudadanía. Su obligación es atender, resolver y dialogar, no intimidar.

Exigimos una disculpa pública y su separación inmediata del cargo.
Aguascalientes no merece funcionarios soberbios que criminalicen al pueblo por exigir agua.

Es una vergüenza que haya regidores que votaron a favor de esta compra creyendo que el pueblo de Aguascalientes es tonto y que basta con un discurso bonito para esconder la realidad.

Porque La Pona hoy no es el “gran pulmón” que quieren presumir, no es un parque urbano funcional, no cuenta con una verdadera declaratoria sólida como Área Natural Protegida, no existe un proyecto ecológico serio a mediano ni largo plazo y, para acabarla, gran parte de la zona se encuentra abandonada y convertida prácticamente en un tiradero clandestino.

Quieren vender una compra a modo disfrazada de salvación ambiental, cuando los únicos verdaderamente beneficiados parecen ser la parte vendedora y los intermediarios jurídicos alrededor del negocio.

Y mientras se gastan millones en esta operación mediática, la ciudad se cae a pedazos en lo verdaderamente urgente. Ese dinero debió destinarse a resolver la crisis del agua que viven miles de familias en Aguascalientes.

Hoy mismo vecinos del norte tuvieron que manifestarse porque llevan más de un mes sin agua. Y en el oriente de la ciudad el mal servicio lleva meses golpeando diariamente a las familias, entre cortes, baja presión y abandono total de las autoridades.

Es insultante que pretendan pedir aplausos por una compra cuestionable mientras hay ciudadanos que no tienen ni siquiera acceso digno al agua en sus hogares.

Gobernar no es tomarse la foto ni construir narrativas de “hechos históricos”. Gobernar es atender prioridades reales, resolver problemas de fondo y dejar de usar los recursos públicos para operaciones políticas disfrazadas de buenas acciones.

Si Luis Enrique Pérez de Loera va a guardar silencio, que renuncie

Aún no se olvida el caso de Carlos Darío y hoy Aguascalientes enfrenta una nueva situación que exige la atención de las autoridades y de quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos.

Los adolescentes que aparecen en esta imagen merecen justicia, debido proceso y una investigación imparcial. Porque ser acusado no significa ser culpable, y ningún joven debe ser condenado por la opinión pública o por posibles intereses ajenos a la verdad.

Además, existen señalamientos públicos sobre la presunta cercanía de personas involucradas con actores políticos de relevancia en el estado, como Teresa Jiménez y Poncho Ruvalcaba. Precisamente por ello, las autoridades tienen la obligación de actuar con absoluta transparencia para garantizar que la justicia se imparta sin privilegios ni influencias.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está Luis Enrique Pérez de Loera?

Cuando más se necesita una voz que vigile el respeto a los derechos humanos, nuevamente encontramos silencio.

Exigimos que se respeten plenamente los derechos de estos jóvenes, que se garantice un proceso justo y que se investiguen los hechos con imparcialidad.

Lo de Carlos Darío no se olvida. Y hoy también exigimos justicia para Iñaki y Rafita.

Aguascalientes merece instituciones que actúen, no funcionarios que callen.